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| © AFP Lionel Bonaventure |
El calvario de Glöckner empezó en 1997, cuando la Unión Europea aprobó la venta comercial del Bt176, un maíz genéticamente modificado de Syngenta, y el agricultor decidió sembrarlo en sus tierras. Con el tiempo, el Bt176 se convirtió en el único maíz que consumía su ganado, dijo a RT Glöckner. En 2000 en su hacienda fueron registrados los primeros casos de infertilidad, enfermedades, muertes y defectos graves en los terneros recién nacidos.
Un laboratorio alemán analizó las muestras y concluyó que los efectos fatales se debían al maíz transgénico, en cuyas semillas había un 24% menos de la cantidad de aminoácidos esencial para la alimentación del ganado –un 8,8% menos en el maíz de silo– en comparación con el maíz natural. Por su parte, Syngenta también llevó a cabo una serie de pruebas del suelo de la granja y del maíz en sus laboratorios, pero afirmó no haber
descubierto ninguna irregularidad.
Según detalla Glöckner, después de dos años de tramitaciones, en abril de 2002 finalmente se formalizó un informe de daños con el director ejecutivo de Syngenta para Alemania, Hans Theo Jachmann. El documento determinaba que las pérdidas económicas derivadas de la muerte de animales, la compra de nuevo forraje, los costes de veterinarios y la leche no producida ascendían a medio millón de euros. De esta suma, la empresa llegó a pagar solo 43.000 euros.
“La propia Syngenta me ‘recomendó’ por escrito deshacerme de mi silo de maíz OGM Bt176, pero no del maíz cultivado. Me hicieron varias promesas tentadoras, como regalarme una nueva cosechadora, una nueva casa, ofrecerme un trabajo o viajes. Yo siempre las he rechazado (…). Me gustaría escuchar finalmente cómo admiten que su tecnología de OGM tiene un problema real”, confiesa el agricultor alemán.
Pero su lucha no llevó a nada. O, mejor dicho, llevó a Glöckner a la cárcel, donde permaneció dos años. La compañía lanzó una serie de ataques legales contra el agricultor cuando este empezó a viajar por Europa contando su experiencia con el Bt176. “Cuando falló nuestra negociación final para resolver el problema después de que el representante de Syngenta me ofreciera repartirnos las pérdidas al 50% y yo declinara la propuesta, me gritó: ‘¿¡Tienes algún problema matrimonial!?’”, cuenta el agricultor. Insiste en que esta insólita pregunta acerca de su vida personal no fue la única. En aquel entonces Glockner se estaba divorciando de su esposa, que le había dejado la casa común y la custodia de sus tres hijos adolescentes. De repente apareció en escena el nuevo abogado de su ex esposa, con el que la mujer presentó una nueva demanda contra Glöckner acusándole de un caso de violación mientras estaban casados. Según el hombre, no había ningún informe médico, evaluación sicológica o testimonio que respaldara la acusación. Sin embargo, este cargo lo llevó a la cárcel.
Mientras permanecía encarcelado, su ex mujer, con el debido apoyo jurídico, creó una nueva empresa sobre la base de su granja, y en la cual él no tenía derechos legales. En repetidas ocasiones irrumpieron en su oficina y en su casa y le robaron archivos, maquinaria y dispositivos electrónicos.
Al salir en libertad le esperaban otros cinco años de tramitaciones, esta vez con las autoridades aduaneras de Alemania. Estas congelaron todas sus cuentas bancarias exigiendo que devolviera el dinero por una leche que había exportado hacía cuatro años apelando a un certificado presuntamente expirado. Glöckner insiste en que las reclamaciones por parte de la aduana coincidían en el tiempo con la salida a la luz de las pruebas que demostraban la presencia de OGM en ciertas materias primas etiquetadas como ‘libres de OGM’. En 2011, el agricultor ganó el juicio en la Corte Financiera de Kassel y recibió una indemnización de 625.128 euros. Actualmente viaja por todo el mundo participando en conferencias internacionales en las que advierte sobre los peligros de los productos transgénicos. Subraya que hasta ahora los representantes de Syngenta no se han arriesgado a aparecer con él en un mismo espacio de debate.
RT
Un laboratorio alemán analizó las muestras y concluyó que los efectos fatales se debían al maíz transgénico, en cuyas semillas había un 24% menos de la cantidad de aminoácidos esencial para la alimentación del ganado –un 8,8% menos en el maíz de silo– en comparación con el maíz natural. Por su parte, Syngenta también llevó a cabo una serie de pruebas del suelo de la granja y del maíz en sus laboratorios, pero afirmó no haber
descubierto ninguna irregularidad.
Según detalla Glöckner, después de dos años de tramitaciones, en abril de 2002 finalmente se formalizó un informe de daños con el director ejecutivo de Syngenta para Alemania, Hans Theo Jachmann. El documento determinaba que las pérdidas económicas derivadas de la muerte de animales, la compra de nuevo forraje, los costes de veterinarios y la leche no producida ascendían a medio millón de euros. De esta suma, la empresa llegó a pagar solo 43.000 euros.
“La propia Syngenta me ‘recomendó’ por escrito deshacerme de mi silo de maíz OGM Bt176, pero no del maíz cultivado. Me hicieron varias promesas tentadoras, como regalarme una nueva cosechadora, una nueva casa, ofrecerme un trabajo o viajes. Yo siempre las he rechazado (…). Me gustaría escuchar finalmente cómo admiten que su tecnología de OGM tiene un problema real”, confiesa el agricultor alemán.
Pero su lucha no llevó a nada. O, mejor dicho, llevó a Glöckner a la cárcel, donde permaneció dos años. La compañía lanzó una serie de ataques legales contra el agricultor cuando este empezó a viajar por Europa contando su experiencia con el Bt176. “Cuando falló nuestra negociación final para resolver el problema después de que el representante de Syngenta me ofreciera repartirnos las pérdidas al 50% y yo declinara la propuesta, me gritó: ‘¿¡Tienes algún problema matrimonial!?’”, cuenta el agricultor. Insiste en que esta insólita pregunta acerca de su vida personal no fue la única. En aquel entonces Glockner se estaba divorciando de su esposa, que le había dejado la casa común y la custodia de sus tres hijos adolescentes. De repente apareció en escena el nuevo abogado de su ex esposa, con el que la mujer presentó una nueva demanda contra Glöckner acusándole de un caso de violación mientras estaban casados. Según el hombre, no había ningún informe médico, evaluación sicológica o testimonio que respaldara la acusación. Sin embargo, este cargo lo llevó a la cárcel.
Mientras permanecía encarcelado, su ex mujer, con el debido apoyo jurídico, creó una nueva empresa sobre la base de su granja, y en la cual él no tenía derechos legales. En repetidas ocasiones irrumpieron en su oficina y en su casa y le robaron archivos, maquinaria y dispositivos electrónicos.
Al salir en libertad le esperaban otros cinco años de tramitaciones, esta vez con las autoridades aduaneras de Alemania. Estas congelaron todas sus cuentas bancarias exigiendo que devolviera el dinero por una leche que había exportado hacía cuatro años apelando a un certificado presuntamente expirado. Glöckner insiste en que las reclamaciones por parte de la aduana coincidían en el tiempo con la salida a la luz de las pruebas que demostraban la presencia de OGM en ciertas materias primas etiquetadas como ‘libres de OGM’. En 2011, el agricultor ganó el juicio en la Corte Financiera de Kassel y recibió una indemnización de 625.128 euros. Actualmente viaja por todo el mundo participando en conferencias internacionales en las que advierte sobre los peligros de los productos transgénicos. Subraya que hasta ahora los representantes de Syngenta no se han arriesgado a aparecer con él en un mismo espacio de debate.
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