Gobierno de Ecuador busca anular 200.000 firmas para evitar el referéndum sobre Yasuní

El colectivo Yasunidos denunció que se violaron las cajas selladas de los documentos de identidad de los recolectores dejando fuera numerosas listas de votos.

Manifestación en Ecuador contra etnocidio por Yasuní, abril de 2014. ( RODRIGO BUENDIA/AFP/Getty Images)

El colectivo de Yasunidos festejó el 12 de abril la recolección de unas 750 mil firmas para lograr que se haga un referéndum sobre la explotación de petróleo en Yasuní pero cuatro días después denunció la violación de las listas de recolectores de votos por parte del Consejo Nacional Electoral CNE, lo que significaría que quieren invalidar unas 200 mil firmas, anulando así el proceso.

Inmediatas reacciones se sintieron en todos los sectores ante el posible rechazo del Gobierno a realizar la consulta popular. Para lograr el referéndum el colectivo necesita el cinco por ciento del censo electoral. Habían logrado unas 150 mil firmas extras.

En una conferencia de prensa, Yasunidos denunció las irregularidades creadas para invalidar todos los votos que ellos recogieron. Esto sucedió por la ruptura de la cadena de custodia de las cajas que contenían las cédulas de identidad de los recolectores, y que en teoría no podía ser abierta sin la presencia de ellos, explicó Patricia, una de las representantes.

“Pudimos observar cómo fueron manipuladas estas cédulas de identidad sin
la presencia de ninguno de nosotros”, dijo.

“Quienes actuamos como recolectores de firmas vamos a mantener celosamente las historias de todas aquellas personas que se acercaron a nosotros y nos confiaron sus firmas”, declaró otra de las representantes.

A su vez Patricia explicó que a petición del mismo CNE las personas de Participación Ciudadana le entregaron dos copias de la recolección. Ahora descubrieron que una de las copias no coincidía con el foliado original. “Nos sentimos perjudicados al no tener ya confianza en el proceso”, dijo.

“Somos más de 1.400 recolectores y las firmas representan la voluntad popular”, acusó Fabricio Astudillo, uno de los recolectores afectados.

“Por estas inconsistencias, por esta ruptura de la cadena de custodia ya no somos 1.400 sino que somos menos...aquí está ocurriendo algo grave. Yo le digo entonces al Consejo Electoral que aquí estamos, aquí están nuestras cédulas, aquí esta nuestra responsabilidad”, dijo Astudillo.

“Son más de 750 mil personas que quieren una consulta popular. No vamos a dejar tumbar la consulta popular, menos por formulismos”, agregó.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, declaró por su parte que las comunidades amazónicas “preparan acciones para defender al Yasuní si el Gobierno rechaza una consulta”, según El Diario.

En cambio Roque Sevilla, quien fuera el primer presidente de la comisión técnica de la Iniciativa ITT hasta enero de 2010, declaró que “está convencido de que no se celebrará la consulta”, según El Diario el 16 de abril. “El motivo que aduce es que esta explotación está ligada a la construcción de la Refinería del Pacífico, una obra de 12 millones de dólares que solo será rentable procesando los crudos pesados procedentes del ITT. Cuando era presidente de la comisión, hicieron una presentación del origen de los 100.000 barriles que necesitaría la refinería para funcionar y tengo los documentos que lo acredita”, aseguró.

A su vez Daniel Ortega, representante del Gobierno, apuntó sobre los beneficios de la extracción de petróleo restando importancia a los daños, asegurando que los Gobiernos autónomos recibirían un 12 por ciento de las utilidades, informó El Diario.

Una de las críticas al proyecto Yasuní son los irreparables efectos secundarios en la región además de la violación de los territorios indígenas. Sin embargo el Presidente Rafael Correa y su Gobierno aseguran que los daños corresponden solo al 1 x 1000, dicho que fue ampliamente rebatido por especialistas, y le significó al partido del gobierno perder votos en las últimas elecciones.

Durante la conferencia sobre las irregularidades del CNE, David Suarez de la red de Yasunidos describió que “al romper la cadena de custodia y al caer en la inconsistencia demuestra que no solamente la naturaleza y los pueblos están en peligro de extinción sino de la democracia”, dijo Suarez, destacando el derecho a que todos y especialmente los jóvenes puedan debatir y decidir el destino del país con la consulta popular.

Por Anastasia Gubin - La Gran Época

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