Jugar con la salud

Un grupo de enfermos de Hepatitis C protestaba estos días frente a la sede en España de la empresa farmacéutica Gilead Sciences. El encarecimiento del fármaco Sovaldi coincide con un casi 300% de aumento en los beneficios en 2014 respecto al año anterior.

                                                    

Mercedes García, que perteneció a la junta de Gilead y que fue su vicepresidenta en Europa, justificaba los 50.000 euros al año que puede costar el tratamiento para una persona enferma de Hepatitis C. Decía que cada país “paga de acuerdo a su poder adquisitivo”, como si España se encontrara en época de bonanza, y que, para fijar el precio, las farmacéuticas calculan cuánto le cuesta al sistema de salud curar esa enfermedad, y lo ajustan en función de la renta per cápita y el número de pacientes infectados. Definió como “reparto solidario” que en Egipto cueste 750 el tratamiento y, en Estados unidos, 70.000. Sus declaraciones no se limitaron a justificar los precios. También insinuó cierta culpabilidad por parte de los pacientes al no quererse tratar desde un principio y criticó al gobierno por tardarse en administrar los tratamientos.

La delegación española de la empresa se desmarcó de esas polémicas declaraciones de las que luego se retractó la ex directiva. Algunos directivos de la farmacéutica han ido más lejos al declarar que hay margen para una bajada de precios para el tratamiento.

Además de gastar millones de dólares en cabildeo con altos políticos para bloquear la distribución de genéricos en países empobrecidos, Gilead Sciences ha formado parte del tándem de empresas que aprovechan las “pandemias” para ampliar sus cuotas de mercado. Gilead fue la creadora del Tamiflú y fue la dueña de la patente, aunque luego la adquiriera Roche. La alarma por la gripe A les reportó a ambas miles de millones de dólares por la alarma de la gripe A hace unos años.

En algunas “grandes democracias”, la desaparición de la frontera entre lo privado y lo público facilita la manipulación y los abusos. Diputados, secretarios de defensa o ex presidentes aprovechan sus contactos y sus cargos, y juegan con información privilegiada para maximizar beneficios, valor supremo del sistema neoliberal, incluso a costa de la salud pública.

La presión del Donald Rumsfeld, ex ministro de Defensa en Estados Unidos y accionista en Gilead, fue crucial para que productos de biotecnología y farmacia ideados para escenarios de catástrofe obtuvieran fondos públicos. Donald Rumsfeld se negó entonces a vender sus acciones por más de 10 millones de dólares con el argumento de que las epidemias son cuestión de “seguridad nacional” y que esa actividad empresarial era compatible con el puesto de secretario de defensa.

Para que los márgenes de beneficio de fármacos como el Tamiflu o las vacunas contra la Gripe A se disparen de forma exponencial, tiene que existir lo que el sociólogo alemán Ulrick Beck denominaba la sociedad de riesgo. Es decir, un estado generalizado de pánico que los Gobiernos sólo pueden paliar con grandes reservas de los fármacos para cuando se dispare la próxima pandemia y con medidas que tienen impacto en los medios de comunicación: cierre de colegios, poblaciones enteras con mascarillas, limpiezas masivas de los sistemas de metro y transporte público.

Bajo estas premisas, la baja rentabilidad de los enfermos de Hepatitis C ha disparado los precios en países como España, que no viven en época de bonanza. Cincuenta mil euros al año equivalen a dos sueldos de personas de clase media. ¿Cómo pudo la ex directiva de Gilead decir que el precio del tratamiento corresponde al poder adquisitivo de España? Ni siquiera eso ocurre en Estados Unidos, donde cuesta 70.000. Muchas personas enfermas en ese país, y en el resto, pertenecen a la clase trabajadora.

Una vez más, la industria farmacéutica ha quedado al desnudo al buscar beneficios a toda costa, incluso si eso implica ofender a personas que conviven con una dolorosa enfermedad.

Por Carlos Miguélez Monroy

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