 |
| Manifestaciones de protestas en Madrid, España 8 de febrero de 2014. (Albert Salame/Anadolu Agency/Getty Images) |
España analiza un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana en un contexto nacional en el que los manifestantes denuncian la criminalización de las protestas en ese país.
El pasado viernes 7 de febrero, miles de personas se manifestaron en Valladolid por la libertad de expresión y contra “la brutal carga policial” en una manifestación pacífica, que dejó cinco días antes, a varias personas heridas, una de ellas muy grave, durante la convención nacional del Partido Popular, informó Diagonal Periódico de Red Jurídica Abogados.
En este contexto, el Consejo de Estado y otras instituciones nacionales, analizan actualmente este anteproyecto de ley, que en opinión del Consejo de Ministros es un texto “firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”.
La abogada Maria Julia Mersing opina sin embargo, que con esta ley, el gobierno se asegura no se repetirán los “rodeos al congreso”, ni tampoco se podrá impedir un desahucio mediante la presión ciudadana, o difundir o registrar imágenes de brutalidad policial, publicó United Explantions el 22 de
enero.
Un dictamen del Consejo Fiscal sobre este anteproyecto, difundido la semana pasada, le critica el excesivo margen de discrecionalidad policial, y manifiesta dudas de inconstitucionalidad en materia de retención de personas, según Miguel Ángel Presno Linera, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, en su blog.
La Asociación de Fiscales también se pronunció al respecto, y dijo que “no puede dejar de mostrar su perplejidad ante los conceptos jurídicos indeterminados (…), (y) la falta de proporcionalidad de las sanciones (a todas luces exageradas en la mayor parte de los supuestos)”, según un comunicado del 16 de enero.
Por su parte, Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alertó en diciembre pasado, desde la Revista Sin Permiso, que la ley revela una escalada represiva inaudita en los 35 años de democracia.
Asimismo, afirmó que la ley “pretende acallar toda protesta pacífica, blindar el poder político frente a toda crítica y manifestación, y someter a los ciudadanos al terror punitivo de un Estado que ha dejado de ser social, que está en plena crisis de democracia y que huye del control judicial, pues necesita autoprotegerse frente a una ciudadanía cada día más consciente e informada de esta realidad”.
Las denuncias de corrupción de autoridades o instituciones públicas, en virtud de esta Ley, si se consideran calumniosas serán susceptibles de sanción inmediata, asegura Domènech.
De igual manera serán sancionados los actos de colgar carteles o grafittis, la recogida de firmas o campañas de concienciación mediante carpas, las "acampadas" de protesta, tipo movimiento 15-M, y la libre circulación.
En el texto del anteproyecto se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves con multas de 100 a 1.000 euros, para las leves, de 1.001 a 30.000 euros, para las graves y de 30.001 a 600.000 euros, para las infracciones muy graves.
Impunidad
Preciado Domènech afirma, asimismo, que la Ley con la excusa de garantizar la seguridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les exonera de que lleven visible un número identificador cuando actúan ejerciendo sus funciones en las que es habitual el uso de la fuerza.
“De esta forma se propicia la impunidad de las actuaciones policiales en las que el uso de la fuerza (…), sea innecesario y/o desproporcionado”, afirmó.
Por su parte, la comisión legal de la "acampada de Sol" afirma que el poder Ejecutivo es consciente de que en la actualidad el proceso penal tiene mayores garantías y más independencia que el proceso administrativo, y por ello elimina del Código Penal algunos contenidos que por esta nueva Ley pasan a ser competencia de la Administración, según el medio Diagonal Periódico de diciembre pasado.
“Actualmente insultar a un policía se juzga en un juicio de faltas donde, con las debidas garantías procesales y ante un Juez, debe probarse que efectivamente ese insulto ha existido. De aprobarse las reformas, insultar a un policía se castigará por carta, mediante un procedimiento administrativo. La mera palabra del policía será suficiente como prueba de cargo y el proceso será resuelto por la propia Administración, que será Juez y parte”, sostiene La Red Jurídica Abogados en su blogs en noviembre pasado.
Para el ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se trata de una alternativa de lo que hacen otros países europeos y “aumentará para bien la agilidad” del Estado a la hora de “salvaguardar la seguridad”, según el diario el economista de diciembre de 2013.
http://www.lagranepoca.com/30961-tramite-ley-anti-protesta-espana
No hay comentarios.:
Publicar un comentario